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Violencia sexual a menores en el Ecuador, un grave problema que poco importa al Estado y que continúa entre la impunidad y la desidia

Hace dos días el país se enteraba de los horrendos sucesos que desembocaron en el rescate oportuno a menores de edad que eran víctimas de abusos y violencia sexual en Ecuador. La Policía Nacional realizó la operación “Gran Impacto 1” donde rescató a seis menores en Pichincha. El también denominado Operativo “Rescate Querubín” evidenció las agresiones sexuales a una menor de 10 años.

En el operativo policial se detuvieron a 9 personas.

Estos casos reflejan la problemática escondida de la violencia sexual a las menores, quienes en varios casos son víctimas dentro de su propio círculo familiar. En los operativos, lograron aprehender a 9 personas que presuntamente serían los autores de estos delitos. En uno de los casos, identificaron a un agresor que abusaba de su hija biológica, su sobrina y su hijastra. La primera tiene actualmente 10 años, y era el objetivo de su padre desde los 4. Otra de las víctimas, de 18 años, habría sido violada desde los 8, y la tercera actualmente tiene 12.

En Santo Domingo uno de los casos en los que la Policía intervino, el agresor es un adolescente de 17 años. Él violentaba a una menor con discapacidad del 72%. En este caso, su madre no le creyó cuando confesó lo que ocurría, posteriormente tuvo un aborto espontáneo y aún así el agresor continuó buscando perpetrar estos actos nuevamente. Ella reporta también un intento de suicidio por estas causas.

Un funcionario de la Judicatura de Puerto Quito se encuentra también involucrado en estos deplorables hechos. Durante los tres últimos años abusaba de su hija de 12 años. Como la menor vivía con su madre, él insistentemente pedía que se quedara a dormir en su casa; la amenazó de muerte si contaba a su mamá lo que él le hacía.

El operativo se ejecutó en Puerto Quito, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas y en Esmeraldas. Se destaca que el 80% de las víctimas comparten línea directa de consanguinidad con sus agresores, es decir, son los padres, hermanos o tíos quienes cometieron estos actos contra ellas; el 20% de los casos el delito es cometido por cuñados o vecinos. Todas las víctimas reportan algún tipo de discapacidad física o intelectual,  7 fueron rescatadas durante las intervenciones y se encuentran en casas de acogida.

En un momento tan álgido como este, no cabe la inacción de las autoridades para prevenir estos sucesos. Es lamentable ver cómo solo se reportan los delitos cuando el hecho está consumado, y no se planifica en base a la detección temprana de estos hechos para evitar que las y los menores caigan en manos de quienes buscan vulnerar su paz y su desarrollo.

Según datos que presenta el Consejo de Protección de Derechos de Quito, entre enero y junio de 2020 se contabilizaron 6.095 denuncias de delitos sexuales contra niños y niñas, 40 cada día aproximadamente; a lo que se suman 11 suicidios de adolescentes y 19 asesinatos contra niños y niñas. La Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos-UIDT reportó en septiembre de 2020 que en temas de pornografía infantil, las cifras reflejan un 30% de aumento respecto a 2019.

Es injusto tener que enterarse que en los últimos cuatro años, el Ecuador tuvo un aumento de estos tipos de daños a la niñez y adolescencia, especialmente tras la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y demás instituciones que planificaban una correcta educación sexual que contemplaba enseñar a los menores a contar cuando eran víctimas de estos casos, y a los adultos responsables a actuar eficazmente contra los mismos.

En estos temas, el actual gobierno que ha detenido estos proyectos y reducido el presupuesto a los mismos y a otros programas afines, queda silente por la época electoral. Parece que más le conviene ignorar estas situaciones, porque en la cuenta de Twitter del presidente de la República lo único que se ha expresado es una felicitación al ganador de un reality antes que el repudio público y al menos una muestra de empatía con las víctimas al reforzar algún programa que, sin poder reparar el daño ya causado, logre en su nombre detener que nuevas niñas, niños y adolescentes sean el incremento de estas cifras en lo que le queda de su periodo.(E)

Fuentes: Policía Nacional, Nuevo Tiempo, El Comercio.

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