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La crisis carcelaria y los derechos humanos

Durante esta semana tras los cruentos incidentes que evidenciaron la crisis carcelaria, mucho se ha cuestionado sobre las razones que la produjeron. También la gente en redes sociales se ha manifestado con dudas sobre los derechos humanos y la responsabilidad del Estado para con los reos.

En el programa de anoche nos acompañaron Alfredo Muñoz y Jorge Sosa. El primero es conocido porque fue director de la Penitenciaría del Litoral y conoce el sistema administrativo de la cárcel. Sosa es defensor de los derechos humanos y nos expuso comparativas de la situación en Ecuador con sucesos a nivel internacional.

Alfredo Muñoz fue director de la Penitenciaría del Litoral hasta mayo de 2019.

Muñoz inició comentando que existe un grave problema en las estructuras del sistema carcelario. Él había manifestado previamente en otros medios que había que preparar y capacitar a los guías que se reclutaban, como recomendaciones antes que sucediera la masacre carcelaria.

Otra de las debilidades del sistema es que la cercanía de los guardias de control es un “punto ciego” para las estructuras. “Los guardias ven a los reos a diario, y aunque esto es positivo tiene sus lados negativos. La cercanía crea transmisión de malos hábitos”. Esto sobre todo cuando no hay la suficiente capacidad para que exista rotación entre los guardias, y la sobrepoblación genera déficit en el personal. Así se evidencia la crisis carcelaria.

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También criticó la gestión de Lenín Moreno: “Se dicta estados de emergencia pero no se dota al sistema carcelario de las herramientas y recursos necesarios para solventarla”. Añadió que “Eso no sirve, por eso amplían la emergencia y no mejora nada”. Como testimonio comparte que conoció casos donde los mismos guardias y policías compraban “de su bolsillo” gas pimienta y otros implementos.

Uno de los puntos más preocupantes es que mencionó las tareas de reclutamiento de nuevos guardias con fines infructuosos. “Se reclutó nuevos guías penitenciarios, se les capacitó y se les preparó. Al momento de contratarlos, no se pudo realizar por la falta de presupuesto”.

Mira el programa de la noche de ayer en nuestro canal de YouTube.

También en nuestro programa participó Jorge Sosa Meza. Él aportó en el debate del reconocimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

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Inició su participación recordando la sentencia que el Estado ecuatoriano tuvo, en el caso “Vera Vera contra Ecuador”, quien fue un interno que fallece por un impacto de bala en la custodia del sistema carcelario ecuatoriano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la responsabilidad sobre las Personas Privadas de Libertad recae sobre el Estado Ecuatoriano por estar en custodia de ellas. Esto demuestra que la crisis carcelaria no es una noticia reciente.

Jorge Sosa, Fernando Ampuero y Juan Carlos Ortiz discuten sobre la crisis carcelaria en Ecuador y los DDHH.
Jorge Sosa Meza, defensor de Derechos Humanos, nos acompañó la noche de ayer.

“Estamos discutiendo aún los protocolos para garantizar el derecho a la vida y la integridad física”. Comparó esto como hechos de la década de los 80 del siglo XX, sin posibilidad de avance en un corto plazo.

Sugirió entre otras cosas la distritalización de las cárceles, como en Europa. “Cada ciudad o cada distrito tiene una cárcel que está regentada por las autoridades municipales o provinciales”. Según Sosa, “no se trata de tener cárceles grandes para administrar las ciudades con alta densidad poblacional”. En este sentido, los GADs ecuatorianos que tengan la posibilidad de administrar un centro penitenciario lo hagan, desconcentrando la estructura carcelaria.

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Entre las formas de prevenir el hacinamiento, señaló que sería ideal construir más cárceles, sosteniendo el tema de la descentralización, pero sumó que la prisión preventiva debe ser constantemente revisada. Cuestionó también “a quién le conviene tener más gente adentro, si sabemos que hay una red extorsiva que cobra por proteger a los PPL dentro de las cárceles”. Lo calificó como una “fuente de enriquecimiento ilícito”, que forma parte de la crisis carcelaria en el país.

Finalizó con la idea de “preservar la vida de los que aún no han fallecido antes que exista otro conato de amotinamiento en las penitenciarías, y se sigan vulnerando los derechos humanos”.(E)

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