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Eliminar CPCCS y blindar a Diana Salazar, los objetivos del proyecto de Reformas Constitucionales

Entre otras cosas, las reformas incluyen una propuesta para dar autonomía a la Fiscalía y blindarla, y analizar la bicameralidad del legislativo.

La Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional inició el trámite de una propuesta de tres reformas a la Constitución. Se busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), entre otras cosas. Una de esas es volver a la Función Legislativa bicameral; y, reubicar a la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial.

Eliminar CPCCS y blindar a Diana Salazar
Pablo Dávila es miembro del Comité por la Institucionalización Democrática. Asamblea trata reforma constitucional que propone eliminar CPCCS y blindar a Diana Salazar.

El tratamiento de esta ley inició el 10 de junio de 2020 después de la resolución tomada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), sobre el dictamen de la Corte Constitucional y la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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El Comité por la Institucionalización Democrática lo integran: Rosalía Arteaga, Pablo Dávila, Simón Espinosa, José Ayala Lasso, Hernán Pérez Loose y Darwin Seraquive. Este último participante del encuentro entre Yaku Pérez y Ángel Torres, juez del TCE.

Ahora este proyecto se encuentra en segundo debate en la Asamblea Nacional. Los miembros del comité se presentaron ante la Comisión para explicar sus ideas, y Pablo Dávila expuso la propuesta de bicameralidad. Dávila señaló que la propuesta necesita un pronunciamiento de las ecuatorianas y ecuatorianos.

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También se propone reformar la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia del control público. Aseguran los miembros del CID que esto fortalecerá la lucha contra la corrupción. De esta forma, se elimina la Fiscalía del control del Consejo de la Judicatura, y se le otorga autonomía institucional.

Lo preocupante es que tras las intervenciones de este colectivo, los legisladores concluyan que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es pertinente. Esto se refiere a la eliminación de un poder del Estado que protege la participación ciudadana de las y los ecuatorianos, aún cuando de manera institucional haya sido devastado.

Algunas agrupaciones ciudadanas advierten que las verdaderas intenciones de estas reformas es dejar sin efecto la Ley de participación Ciudadana, y blindar la cuestionada actuación del Consejo de Participación Ciudadana de transición y de Diana Salazar al mando de la Fiscalía General.

Colectivos ciudadanos han empezado a oponerse a estas atrocidades legislativas, como el caso de la Plataforma Va por Ti Ecuador.

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