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Defensoría del Pueblo pide prohibición de salida del país para Moreno

La mañana de este martes 23 de marzo, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia en la Fiscalía. Busca se investiguen los presuntos delitos de lesa humanidad que habría cometido el Estado y sus autoridades en octubre del 2019.

Defensoría del Pueblo pide a Fiscalía investigar delitos de lesa humanidad
Defensoría del Pueblo pide a Fiscalía investigar delitos de lesa humanidad

Como parte de esta diligencia, solicitó que se formulen cargos de manera urgente en contra del Presidente de la República, Lenín Moreno. Además incluyó a sus ministros y exautoridades involucradas, además, que se les prohíba la salida del país.

Luego de que la Comisión de la Verdad sobre octubre del 2019 concluyó que existieron delitos de lesa humanidad y responsabilizó al Estado por uso excesivo de la fuerza, persecución política, ataques a la libertad de expresión y tortura a los manifestantes, la Defensoría del Pueblo pide a Fiscalía iniciar las indagaciones correspondientes.

Carrión explicó que el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, creada por la DPE, revela un indicio de cometimiento del delito de lesa humanidad. Por ello es de suma importancia para el país conocer lo que realmente sucedió en las protestas de Octubre del 2019.

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“Como DPE entregamos el informe a la Fiscalía para que investigue y sancione a quienes vulneraron los derechos. Es urgente la reparación. Ningún proceso de reconciliación nacional es posible sin establecer la justicia y garantías de reparación a víctimas de octubre 2019”.

Dentro del proceso, el Defensor del Pueblo pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que recepte las versiones del Presidente de la República, Lenín Moreno. También en la lista están la exministra de Gobierno, María Paula Romo, del excomandante General de la Policía, Nelson Villegas. El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira. El exjefe de Operaciones de la Policía, Patricio Carrillo, y del excomandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Aráus. Se los llama a rendir versión con el fin de esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

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Para estas personas, también solicitó la Fiscal General, Diana Salazar, que se formulen cargos de manera urgente. Pidió se requiera a un Juez de la Corte Nacional de Justicia, que dicte medidas cautelares personales previstas en la ley para asegurar la presencia de las personas mencionadas. Aseguró que se debe tener en cuenta sobre todo las altas autoridades de la Función Ejecutiva que tienen fuero de corte.

En el caso de María Paula Romo, exministra de Gobierno, se pidió que se activen los mecanismos internacionales previstos en la Ley, con el fin de que sea notificada y comparezca al proceso.

Por otra parte, solicitó a la FGE que la investigación previa por el presunto delito de lesa humanidad sea tramitado por la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Con estricto apego a los estándares internacionales de investigación en casos de violaciones de derechos humanos. Esto incluye que participe de la investigación personal civil para garantizar la imparcialidad de los procesos y experticias.

Fuente: Defensoría del Pueblo, Pichincha Universal

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