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Ministro de Trabajo no fue censurado en la Asamblea Nacional

El Pleno de la Asamblea Nacional procesó políticamente al ministro de Trabajo, Andrés Isch Pérez. Tras las intervenciones de la interpelante, Marcela Holguín, el ministro y seis asambleístas de distintas tendencias políticas, que participaron del debate, la moción de censura no alcanzó los votos necesarios (91) para su aprobación. Se registraron 45 votos afirmativos, 15 negativos, un blanco y 56 abstenciones.

Ministro de Trabajo no fue censurado en la Asamblea Nacional
Ministro de Trabajo no fue censurado en la Asamblea Nacional

La sesión virtual 702 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se llevó a cabo el juicio político contra el secretario de Estado, se cumplió este jueves 15 de abril.

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Atribuirse funciones que no le corresponden; denegar el acceso inmediato a la información pública al Observatorio de Discapacidad; incumplir la Disposición Transitoria Vigesimoquinta de la Constitución de la República, al no revisar el salario básico unificado para el año 2021, fueron las causales propuestas por las legisladoras Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana.

Fases del proceso

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, luego de la lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, que incluyó las actas de votación y la posición asumida por cada uno de sus miembros, le correspondió a la interpelante argumentar sus cuestionamientos. ”Este es un juicio que busca hacer justicia al millón de trabajadores que perdieron su fuente de empleo, por los dos millones de ecuatorianos y ecuatorianas que están en la subocupación; es decir, viven con menos de 400 dólares al mes”, señaló Holguín.

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Sostuvo que el ministro de Trabajo permitió el despido de miles de trabajadores con indemnizaciones injustas, con una interpretación indebida de la causal del artículo 169.6 del Código de Trabajo, relacionado con el caso fortuito o fuerza mayor; incumplió con el acceso a la información pública solicitada por el Observatorio de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos; y, transgredió la norma constitucional al congelar la remuneración básica unificada para 2021, en 400 dólares.

La parlamentaria defendió la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, más, tratándose de la pérdida de empleo en una de las etapas más duras del país, no solo por la pandemia, sino por la crisis económica y humanitaria que se generó por el despido de miles de trabajadores.

Andrés Isch se defendió alegando que asumió el cargo en el momento más duro de la crisis laboral, cuando solo el 16% de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. Aseguró que entre sus primeras acciones decidió abrir la información para saber qué correctivos tomar para mantener el empleo de quienes tenían contratos, recuperar plazas que se habían perdido y generar nuevos puestos de trabajo.

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Respecto a las causales específicas, explicó que en ningún momento se arrogó funciones y que el Acuerdo Ministerial que emitió regula puntualmente la reducción emergente de la jornada laboral, de manera que no se afecten los derechos de los trabajadores que se acojan a esta modalidad contractual. Insistió en que las políticas aplicadas en el Ministerio a su cargo permitieron recuperar el empleo, con más de 120 mil contratos registrados.

Sobre la falta de entrega de información al Observatorio de Discapacidad, indicó que se pidió al representante de esa entidad que justifique dicha representación; cuando lo hizo, se le entregó la información que la ley permite, porque también se requerían datos personales, personalísimos, catalogados como confidenciales, que están protegidos legalmente y que, en caso de haberlos otorgado, podía merecer una sanción.

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Con relación a la fijación del salario básico para 2021, justificó su decisión en lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Trabajo, que determina que se fije este rubro con base en la inflación proyectada para el año siguiente. Y así se procedió, con absoluto apego a la ley, dijo.

Concluida la réplica de las partes, el presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, declaró abierto el debate, en el cual participaron Elio Peña Ontaneda, presidente de la Comisión de Fiscalización, los vocales de este organismo Esteban Melo, Franco Romero Loayza y Mónica Brito, así como Mónica Alemán y Gabriela Larreátegui, quienes expusieron sus puntos de vista en torno a los argumentos presentados por la interpelante y por el funcionario enjuiciado políticamente.

Fuente: Pichincha Universal

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